Exigen que se compruebe si hay metales pesados en los suelos agrícolas
La asociación ecociudadana ‘Por Un Mar Vivo’ y ‘SOS Mar Menor’ exigen datos, análisis y actuaciones inmediatas ante los indicios de metales pesados en suelos agrícolas de todo Campo de Cartagena, denunciando la inacción administrativa ante unos mapas oficiales de isoconcentraciones de plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn) y cobre (Cu), que muestran patrones espaciales coherentes de contaminación en suelos agrícolas de la comarca. No hablamos de conjeturas: hablamos de cartografía elaborada para la Administración, con zonas claramente identificadas como hotspots y gradientes compatibles con aportes históricos de origen minero-metalúrgico.
Lo verdaderamente grave es que todo este escenario se sostiene sobre mapas que aparecieron durante el juicio a Tragsa por la balsa del Lirio elaboradas por el equipo redactor para la Consejería de Agua, Agricultura, Ganado y Pesca. Es muy grave que no se haya puesto a disposición pública el conjunto de datos primarios que los respaldan: valores analíticos por muestra, coordenadas, fechas, profundidad efectiva, controles de calidad (QA/QC), ni memoria técnica del interpolador. Sin esos datos, no hay auditoría independiente posible. Y sin auditoría, no hay garantías para agricultores, trabajadores ni consumidores. 
Según la propia documentación, la cartografía fue elaborada por el equipo redactor del informe en el marco de un encargo institucional a la Universidad Politécnica de Cartagena. Pero a día de hoy seguimos sin acceso al dataset completo que permitiría verificar, parcela a parcela, si se cumplen o no los límites legales para suelos agrarios.
Aunque no se disponga aún del pH ni de las analíticas puntuales, los mapas ya permiten afirmar algo esencial:
• Donde las isoconcentraciones superan los umbrales legales, existe una incompatibilidad objetiva con el uso agrario.
• Donde se sitúan cerca del límite, no puede declararse conformidad sin verificación analítica reglada.
La incertidumbre residual no puede utilizarse como excusa para no hacer nada cuando están en juego la cadena agroalimentaria, la salud laboral, la salud de los habitantes y el medio ambiente. El principio de precaución obliga a verificar y gestionar el riesgo, no a mirar hacia otro lado.
Además del impacto potencial en alimentos (por bioacumulación en hortalizas, frutas y tubérculos), existe un riesgo directo para las personas trabajadoras del campo por contacto dérmico, ingestión accidental e inhalación de polvo, especialmente durante las labores agrícolas y en episodios secos.
Alguien lo sabía. Que sea la UPCT o La Consejería de Agricultura, alguien conocía estos datos y no tomo la medidas necesarias para proteger humanos y medio ambiente. Esto es falta de responsabilidad , esto es prevaricación. Alguien tendrá que responder de esto en los tribunales.
Basta de mapas sin datos. Basta de silencio institucional. Resulta inaceptable que, con esta información sobre la mesa:
• No se haya entregado el conjunto completo de datos analíticos.
• No se haya activado una campaña pública y transparente de contraste en las zonas de mayor carga.
• No se hayan adoptado medidas provisionales de protección mientras persiste la incertidumbre.
Estamos ante suelos en producción, no ante un laboratorio. Cada día de retraso es un día más de exposición innecesaria.
Nuestras exigencias son claras y urgentes:
1. Entrega inmediata del dataset primario completo que sustenta la cartografía:
valores por punto, georreferenciación, fechas, profundidad, QA/QC, método analítico, tratamiento de no detectados y memoria técnica del cartografiado.
2. Si esa información no se aporta o no permite una auditoría rigurosa, exigimos una campaña independiente de muestreo en suelos en cultivo, priorizando las zonas señaladas por los mapas, con:
o Muestreo representativo del estrato 0–25 cm.
o Determinación simultánea del pH.
o Cadena de custodia documentada.
o Análisis en laboratorios acreditados.
3. Medidas provisionales inmediatas en las áreas de mayor riesgo para proteger:
o La producción alimentaria humana.
o La alimentación animal.
o La salud de las personas trabajadoras.
4. Transparencia total y participación de peritos independientes. Si se confirman riesgos inaceptables, activación del procedimiento de suelo contaminado y evaluación de riesgos por uso, sin dilaciones.
5. Responsabilidad institucional. Que sea UPCT o Consejería de Agricultura y Medio ambiente, alguien ha prevaricado y alguien tiene que ser responsable.
No aceptamos más dilaciones. Los mapas ya señalan el problema. Ahora hacen falta datos, análisis y decisiones además de responsabilidades.
La Administración tiene el deber legal y moral de actuar. La precaución no es una opción: es una obligación.
Esto va de que cada lluvia contamina el Mar Menor y sus peces. Esto va de la salud de todos los habitantes y trabajadores del Campo de Cartagena Esto va de la salud de los Europeos que comen los productos que se cultivan allí.
Exigimos soluciones ya. Por la salud, por la agricultura y por el futuro del Campo de Cartagena y del Mar Menor.
