Dudas ante la “renaturalización” del Humedal del Carmolí
Ecologistas en Acción solicita a la Consejería de Medio Ambiente mayor transparencia y una evaluación de impacto ambiental del proyecto, el cual "más que una renaturalización, parece que pretende facilitar accesos, indican, criticando que se proponga “renaturalizar” un humedal natural ya protegido, en vez de atajar las causas que realmente lo degradan.
* Fotos del humedal visto desde el extremo norte y desde el extremo sur.
Hace unos días se ha anunciado que Medio Ambiente ha encargado un proyecto de actuaciones con la pretendida finalidad de “renaturalizar” este humedal del Mar Menor, con un importe de 848.001,07 euros.
Ecologistas en Acción denuncia que no consta públicamente que dicho proyecto haya sido sometido a una evaluación de impacto ambiental que incluya una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos. Al parecer, dicho Proyecto incluye actuaciones de fomento del uso público, entre otras. El Proyecto está al parecer financiado con fondos europeos Next Generation, sujetos a especial control por parte de la Comisión Europea.
Recuerdan que el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve, ha declarado como preferible la alternativa de «no intervenir» en la Marina del Carmolí. El doctor Esteve se opuso al proyecto inicial porque –ha afirmado- la Marina ya está naturalizada y tan solo, si se quiere facilitar el acceso, pues que pongan algunas pasarelas de madera, pero sin modificación alguna. También la profesora titular de la Universidad de Murcia Rosa Gómez Cerezo declaró en su día que el mayor problema de la Marina es la entrada de las aguas del regadío, que ponen en peligro su integridad como ecosistema, alterando las comunidades vegetales y la avifauna, como estudios realizados por las dos universidades públicas regionales también han demostrado. Según ha declarado su portavoz, Pedro Luengo, los ecologistas sospechan que la “renaturalización” ahora proyectada sigue ignorando esta grave amenaza: “La Consejería está obligada a informar al público de cuáles serán las actuaciones por importe de cercano a un millón de euros en un lugar tan sensible de la ribera del mar Menor”, ha afirmado.
Los ecologistas advierten a la Consejería que el art. 9 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, determina que carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.
Por todo ello, han solicitado a la Consejería que se abstengan de iniciar la ejecución de dicho Proyecto – o de haberse iniciado, se suspenda de inmediato- sin haberse cerciorado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y tras haber sometido a información pública la documentación que así lo pretenda acreditar, a través de la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
También han pedido que dicho Proyecto sea sometido a una evaluación de impacto ambiental que incluya una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, según lo previsto en el art. artículo 7.2.b) de la Ley 21/2013, en la cual se describirán y analizarán, exclusivamente, las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000.
Por último, han solicitado asimismo copia completa en formato digital del Expediente o Expedientes ambiental, técnico y económico de dicho Proyecto, que incluya tanto el proyecto técnico de las obras como todos los informes biológicos, ambientales, técnicos y jurídicos, obrantes en el mismo, así como el encargo a la adjudicataria.
🖌️ Texto en el que se respeta íntegramente contenido, redacción y ortografía, salvo en el titular y en la entradilla del artículo